Participación Ciudadana
En un comunicado, Participación Ciudadana argumenta que los agentes del DNI no cuentan con la facultad constitucional para exigir información de personas físicas o jurídicas sin la autorización previa de un juez. Consideran que cualquier acción contraria a este principio violaría el derecho fundamental a la intimidad.
La organización aboga por una reforma de la Ley para incluir la obligación de obtener la autorización de un juez al solicitar cualquier tipo de información. Argumentan que en temas sensibles como el derecho a la intimidad, la libertad de expresión e información, y la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, la ley no debe dejar lugar a interpretaciones.
Participación Ciudadana destaca la importancia de que el Tribunal Constitucional (TC) confirme la interpretación correcta para la protección de los derechos fundamentales. Asimismo, solicita una revisión de los artículos 11, 26 y 30 de la Ley, con el propósito de aclarar que las sanciones no aplican si no se ha cumplido con la obligación de obtener autorización judicial previa.
En relación con el Ministerio Público, la organización subraya que la actuación del DNI no debe interferir con las funciones del órgano persecutor. Por lo tanto, consideran necesario establecer una mayor claridad en la relación entre ambas entidades en la Ley.
Finalmente, Participación Ciudadana hace un llamado a la responsabilidad de los partidos políticos en las críticas en torno a la ley, señalando que el uso de este tema para fines electorales no contribuye a la conciencia ciudadana ni a la democracia.