El artículo 11 original establecía que, previa autorización del juez, todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas estarían obligadas a entregar información requerida por la Dirección Nacional de Inteligencia. Sin embargo, la modificación eliminó la parte que requería la autorización de un juez, dejando la obligación de entregar información sin esa restricción.
Henríquez expresó que esta modificación no fue debidamente explicada al pleno durante la sesión legislativa y que se incurrió en una violación del debido proceso legislativo al no informar adecuadamente sobre la modificación. Además, afirmó que los legisladores del PLD que votaron a favor de la ley lo hicieron con la condición de que esta se sujete a la Constitución, las leyes y respete los derechos de los ciudadanos.
El vocero del PLD anunció que someterán un proyecto de ley para derogar la actual ley y pidió al presidente Luis Abinader detener la aplicación y puesta en vigencia de la legislación.