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Estos vehículos estaban custodiados por miembros de la Policía Nacional y de la milicia. Los reclusos, en medio del bullicio, vociferaban frases en un intento de hacerse entender, aunque la confusión predominaba y la respuesta más común era un repetido "no sabemos" cuando se les preguntaba hacia dónde eran llevados.
Esta movilización obedece a la disposición de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien anunció que un total de 1,800 presos de La Victoria serían trasladados a otras cárceles del país, sumándose a los ya reubicados tras el incendio ocurrido recientemente en el centro penitenciario.
Los familiares de los reclusos expresaron su inconformidad, señalando que no recibieron avisos previos sobre los traslados y que fueron sorprendidos al intentar llevar alimentos a sus seres queridos. Se quejaron de la falta de información sobre el destino de los reclusos y de las posibles distancias que tendrán que enfrentar para visitarlos en las nuevas ubicaciones.