ProCompetencia solicitó la imposición de la multa máxima establecida en la Ley 42-08.Según el comunicado de ProCompetencia, la solicitud se hizo en virtud del artículo 5 literal “b” de la Ley 42-08 General de Defensa de la Competencia. Fior D’Aliza Alduey, directora ejecutiva de ProCompetencia, explicó que las empresas investigadas anularon la competencia entre sí al presentar ofertas idénticas en productos, cantidades y precios, lo que les daba mayores posibilidades de ser adjudicatarias por la totalidad de los productos ofertados.
Esta práctica, según Alduey, eliminó la capacidad de la entidad contratante para distinguir cuál oferta era la más conveniente, lo que afecta directamente al gasto público. El informe presentado señala que el monto adjudicado en el proceso de compras investigado asciende a RD$62,027,220, y que esta conducta anticompetitiva sancionada por la ley representa una grave afectación al erario.
En este contexto, ProCompetencia solicitó al Consejo Directivo la admisión a trámite del caso y la imposición de la multa máxima establecida en la Ley 42-08. Estas multas pueden oscilar entre 200 y 3000 veces el salario mínimo, considerando la relevancia del mercado afectado, especialmente en lo relativo a la adquisición de alimentos para sectores vulnerables de la sociedad dominicana.
Alduey destacó la importancia de combatir la colusión en todas sus formas, asegurando que esta práctica socava la competencia justa, la transparencia y la confianza en los mercados y las instituciones. La Dirección Ejecutiva de ProCompetencia reiteró su compromiso de detectar, investigar y sancionar a todo agente económico que participe en actos de colusión u otras conductas anticompetitivas que pongan en riesgo el orden económico público y el bienestar social.
La entidad hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda indicar colusión, reafirmando su compromiso con la defensa de la competencia y la protección del interés general en el país.