Jueces de la Corte Suprema posan tras la incorporación de la jueza Ketanji Brown Jackson, en la sede de la corte, Washington, 7 de octubre de 2022.Por Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com
24 de abril del 2024.
La Corte Suprema de Estados Unidos está programada para escuchar argumentos sobre si el expresidente Donald Trump puede ser procesado por sus acciones para revertir su derrota electoral en 2020. Este caso surge de los intentos de Trump de desestimar los cargos en su contra, con tribunales inferiores dictaminando que no puede ser demandado por medidas que, según los fiscales, buscaban interferir ilegalmente en los resultados electorales.
El debate se centra en si un expresidente disfruta de inmunidad presidencial ante un proceso penal por acciones tomadas durante su mandato. Esta es una cuestión sin precedentes para la Corte Suprema, ya que nunca antes un expresidente ha enfrentado cargos penales, lo que significa que el tribunal no ha tenido la oportunidad de abordar esta cuestión.
Tanto los abogados de Trump como el equipo de la fiscalía están invocando el caso de Nixon vs. Fitzgerald, donde la Corte Suprema sostuvo que los expresidentes no pueden ser demandados en casos civiles por acciones tomadas durante su mandato. Sin embargo, los fiscales argumentan que esta inmunidad no se extiende a la aplicación de leyes penales federales.
El tiempo también es un factor crucial en este caso, ya que Trump busca retrasar el juicio hasta después de las elecciones, donde si recuperara la presidencia, podría influir en el curso del caso. Por otro lado, los fiscales presionan para que la Corte Suprema tome una decisión rápida para que el juicio pueda avanzar.
El caso involucra a destacados abogados de ambas partes, con D. John Sauer representando a Trump y Michael Dreeben liderando el equipo de la fiscalía. Además, la presencia del juez Clarence Thomas, que ha generado controversia debido a la participación de su esposa en los eventos previos al asalto al Capitolio, agrega un elemento adicional a la discusión.
En resumen, este caso plantea importantes preguntas sobre los límites de la inmunidad presidencial y el alcance de la responsabilidad de un expresidente por sus acciones durante su mandato. La decisión de la Corte Suprema podría tener amplias implicaciones para el futuro de la presidencia y el sistema de justicia en Estados Unidos.