La medida, respaldada por disposiciones constitucionales y legales, establece claramente las restricciones que deben seguir las instituciones gubernamentales y los funcionarios públicos durante el período electoral. Esto incluye la prohibición de aumentar la nómina pública, pagar publicidad que promueva directa o indirectamente a candidatos, y cualquier tipo de propaganda política en edificios de instituciones públicas.
Es importante que estas medidas se apliquen de manera rigurosa para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. La JCE está cumpliendo su rol de velar por el cumplimiento de las leyes electorales y asegurar que las elecciones se desarrollen en un ambiente justo y democrático.