El Ministerio Público pidió el caso sea declarado de tramitación compleja.Por Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com
03 de mayo del 2024.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona ha emitido un veredicto contundente en la Fase II de la Operación Caimán. Nueve integrantes de la red criminal involucrada han sido sentenciados a un año de prisión preventiva, marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado en la región sur.La medida fue dictada por la jueza María Consuelo Valenzuela Pérez, quien presidió la audiencia en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona. El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Sourrely Jácquez Vialet y Andrés Mena, junto al fiscal titular de Barahona, Wellington Matos, quienes han liderado este proceso con determinación y profesionalismo.
Los imputados enfrentan cargos por delitos graves, incluyendo asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego. Esta acción judicial es el resultado de una investigación exhaustiva que ha desmantelado una peligrosa red criminal, dedicada al tráfico de drogas desde Colombia hacia la costa sur de la República Dominicana.
La Operación Caimán ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio de Defensa, con el respaldo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos. Este esfuerzo conjunto ha permitido llevar a cabo más de 40 allanamientos en varias provincias del sur y Santo Domingo Este, con la participación de más de 500 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas.
Las evidencias recolectadas durante la operación son contundentes: armas ilegales, vehículos, drones, embarcaciones, dispositivos de comunicación y documentos financieros, todo ello utilizado en el tráfico internacional de cocaína. Este golpe al narcotráfico es un paso importante en la lucha contra el crimen organizado en la República Dominicana y demuestra el compromiso del Estado en proteger la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.