Imagen ilustrativaEl abogado explicó que la colaboración de Crisóstomo y Ureña con el ministerio público fue propuesta por la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción (PEPCA) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, bajo la condición de que la información proporcionada fuera verificada con otros medios de prueba.
En cuanto a las acusaciones sobre la empresa Trossachs Enterprises, Fermín Cabral desmintió que esta hubiera recibido pagos indebidos del Estado dominicano por concepto de expropiaciones. Afirmó que todos los pagos recibidos por Trossachs Enterprises correspondieron a trabajos de infraestructura ejecutados y entregados a la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Además, el abogado aclaró que sus clientes no tienen relación con la empresa Trossachs Enterprises ni conocen a Lilly Acevedo Gómez, ni han sido beneficiarios del "Programa de financiamiento de contratistas del Estado".
Fermín Cabral también señaló que Crisóstomo y Ureña no fueron actores clave en la estructura imputada por el Ministerio Público y nunca han sido funcionarios públicos, por lo tanto, carecían de atribuciones para la toma de decisiones en temas públicos.
En resumen, el abogado defensor insistió en la integridad y la cooperación de sus clientes con las autoridades judiciales, refutando las acusaciones en su contra y destacando que toda actividad realizada se ajustó a la legalidad vigente.