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La decisión de José Ismael Dilone Rodríguez de aceptar la extradición hacia Estados Unidos para enfrentar los cargos relacionados con una extensa estafa dirigida a adultos mayores es un paso importante en el proceso legal. La extradición se llevó a cabo después de que Dilone Rodríguez optara por un proceso abreviado y decidió ir voluntariamente a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones en su contra.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ordenó la extradición de Dilone Rodríguez, y la Procuraduría General de la República está a cargo de llevar a cabo este proceso de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República.
Este caso ha visto a otras tres personas aceptar la extradición voluntaria previamente. Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura y Juan Rafael Parra Arias son los otros individuos reclamados en extradición por este caso que han tomado la misma decisión.
La acusación en contra de Dilone Rodríguez y otros involucrados incluye cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como lavado de dinero. La estafa se llevó a cabo desde centros de llamadas en la República Dominicana, según revela la acusación presentada en su contra.
Este proceso legal destaca la cooperación internacional en la persecución de crímenes transnacionales y subraya la importancia de la extradición en la aplicación efectiva de la justicia en casos.