Sede del Tribunal Constitucional.La sentencia definitiva del Tribunal Constitucional de la República Dominicana obliga al Ministerio de Obras Públicas a pagar más de RD$12 millones como resultado de una multa impuesta por el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Esto se debe a la negativa del ministerio de entregar un plano de un área verde en Puerto Plata, lo cual constituyó una violación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
El conflicto se originó cuando el licenciado Angel Lockward solicitó al Ministerio de Obras Públicas información relacionada con los planes de desarrollo y los planos del área turística de Cofresí, Puerto Plata. Esta solicitud fue inicialmente rechazada bajo la premisa de que la información era confidencial y protegida por derechos de autor.
Tras varios recursos y decisiones judiciales, el Tribunal Constitucional confirmó la sentencia del TSA que ordenaba la entrega de la información solicitada. Además, impuso una astreinte al Ministerio de Obras Públicas, que aumentó con el tiempo debido al incumplimiento de la orden judicial. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por Obras Públicas, ratificando la obligación de pagar la astreinte.
Este caso subraya la importancia del acceso a la información pública y las consecuencias legales significativas para las instituciones gubernamentales que no cumplen con esta obligación.