
Por Alfonso Alvarez,www.laspalomastv.com
San Juan, Puerto Rico - 27 de julio de 2024
La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico presentó el viernes una demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi, en un esfuerzo por proteger la independencia del Negociado de Energía y asegurar que este órgano "pueda seguir funcionando libre de influencia política". Esta acción surge en medio de una disputa sobre las enmiendas a la ley de medición neta de energía, que compensa a los hogares con sistemas de energía solar por su contribución a la red eléctrica.
La junta enfatizó que no busca eliminar la medición neta ni imponer cambios inmediatos al programa. Su intención es mantener la capacidad del Negociado de Energía para efectuar ajustes sin restricciones legislativas que se extienden hasta 2031 y más allá. Las enmiendas actuales exigen que el Negociado respete las condiciones del programa de medición neta por 20 años adicionales, extendiendo su efecto hasta el 2051.
En abril, la junta había ordenado al gobernador y a la legislatura de Puerto Rico modificar o derogar la ley. La ley actual impide que el Negociado de Energía realice cambios en el programa de medición neta hasta al menos 2031. Según la demanda, esta situación compromete la estabilidad fiscal del gobierno y afecta los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ya enfrenta una deuda de más de 9,000 millones de dólares y está en proceso de reestructuración.
Impacto financiero y futuro de la AEE
El conflicto radica en que el programa de medición neta, tal como está diseñado, otorga créditos de energía uno a uno a los usuarios con paneles solares, lo cual no es común en la mayoría de los programas similares en Estados Unidos. Esto podría incentivar a más clientes a optar por la generación distribuida, reduciendo la demanda del servicio de la AEE y afectando directamente sus ingresos.
El Negociado de Energía ha preparado un borrador de estudio sobre el programa de medición neta, recomendando un debate público para discutir posibles cambios. Sin embargo, cualquier modificación no podría implementarse hasta 2031, debido a las restricciones actuales de la ley.
Respuesta gubernamental y perspectivas
Una vocera del gobernador Pierluisi informó que el mandatario está revisando la demanda y responderá en breve. La situación pone de manifiesto las tensiones entre la junta de supervisión y el gobierno local en torno a la administración y reforma del sector energético en la isla.
Con la AEE luchando por reestructurar su considerable deuda y los usuarios de energía solar beneficiándose de un programa de créditos favorables, el desenlace de esta demanda podría tener repercusiones significativas en la estabilidad financiera y la política energética de Puerto Rico.