El PEPCA busca validar el acuerdo de homologación con los testigos Ramón Emilio Jiménez, Belkis Antonia Tejada, José Arturo Ureña, Natalia Cesarina Beltré, Víctor Matías Encarnación.Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com
26 de julio de 2024
En el contexto del caso Calamar, los abogados de varios querellantes han manifestado su preocupación y descontento con el Ministerio Público, que según ellos, busca únicamente resarcir al Estado dominicano sin considerar a las víctimas individuales afectadas por el caso.
Denuncia de los Querellantes
Los abogados, liderados por Pablo Benjamin Castillo Mercedes, han denunciado que el Ministerio Público está enfocándose exclusivamente en indemnizar al Estado, mientras que no se ha propuesto una compensación para los querellantes individuales, como la familia Mota, que también han sufrido daños significativos. Castillo Mercedes sostiene que la ley establece que las víctimas deben ser indemnizadas como parte de cualquier acuerdo de criterio de oportunidad, pero afirma que el Ministerio Público parece no reconocer a estas víctimas individuales.
La familia Mota, a quien Castillo Mercedes representa, ha sido perjudicada por procedimientos de expropiación indebida y falsificación de documentos. Según el abogado, el monto que se debería considerar para indemnización asciende a cerca de 12 mil millones de pesos, una cifra proporcional al impacto del caso.
Proceso Judicial y Aplazamiento
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha aplazado la audiencia para el próximo 22 de agosto. Esta decisión permitirá que se notifique formalmente a los querellantes sobre el acuerdo de criterio de oportunidad presentado por el Ministerio Público.
El proceso judicial busca validar un acuerdo de homologación con los testigos Ramón Emilio Jiménez, Belkis Antonia Tejada, José Arturo Ureña, Natalia Cesarina Beltré, y Víctor Matías Encarnación. El Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusan a los implicados de realizar cobros ilegales y de corrupción durante el período 2016-2020 en colaboración con la Dirección de Casino y Juegos de Azar, una dependencia del Ministerio de Hacienda.
Consideraciones Finales
La controversia en torno a la indemnización de las víctimas del caso Calamar subraya la importancia de asegurar que todos los afectados por actos de corrupción reciban una compensación justa. La espera de la audiencia y la resolución de estas disputas será crucial para definir el impacto real del caso y garantizar que se haga justicia para todas las partes involucradas.