El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, posa para una foto en el Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, el 20 de junio de 2024.Ciudad de Guatemala, Guatemala | 23 de agosto de 2024
Diputados del oficialismo guatemalteco han presentado una denuncia contra el fiscal Rafael Curruchiche, quien recientemente solicitó el retiro de inmunidad del presidente Bernardo Arévalo, acusándolo de corrupción. La denuncia se centra en las acciones del fiscal, cuestionado y sancionado por más de 40 países, y llega en un momento de creciente tensión política en Guatemala.
Denuncia Formal y Reacciones Internacionales
Samuel Pérez, líder de los diputados oficialistas, indicó que la denuncia contra Curruchiche se presentó ante los tribunales de justicia, alegando abusos de autoridad e infracción de privilegio. Según Pérez, el fiscal ha iniciado investigaciones contra Arévalo sin la debida fundamentación y con documentos obtenidos de manera ilegal.
“No presentamos la querella ante la fiscalía porque no confiamos en que se investiguen a sí mismos. Hay una falta de confianza tanto en el Ministerio Público como en la fiscalía en general”, declaró Pérez a The Associated Press. Agregó que las pruebas presentadas en el caso son “mediocres” y basadas en “pantallazos”, lo que evidencia una supuesta incompetencia por parte del Ministerio Público.
La Unión Europea también ha manifestado su preocupación, señalando que las acciones de la fiscalía parecen formar parte de un patrón de investigaciones políticamente motivadas contra el actual gobierno. La UE ha expresado inquietud sobre el uso indebido del sistema judicial para socavar la voluntad popular.
Contexto del Conflicto
Rafael Curruchiche ha sido criticado por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala. Bajo su dirección, el Ministerio Público ha enfrentado sanciones internacionales, incluidas prohibiciones de entrada a numerosos países. La actual controversia se suma a una serie de intentos previos de retirar la inmunidad al presidente Arévalo, ninguno de los cuales ha tenido éxito hasta ahora.
El fiscal ha argumentado que Arévalo emitió una orden ilegal para crear un mecanismo de pago arbitrario para contratistas del Estado. Curruchiche ha señalado que recibió documentos y evidencias, incluidos audios de conversaciones del presidente, como parte de la investigación. Uno de estos audios, filtrado en redes sociales, muestra una conversación entre Arévalo y la entonces ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, en la que Arévalo justifica la destitución de de la Vega por presuntas irregularidades en los pagos a empresas constructoras.
Respuesta del Gobierno y Oposición
El presidente Arévalo ha defendido sus acciones, argumentando que su objetivo fue priorizar pagos a empresas sin denuncias de corrupción. Mientras tanto, la arremetida del Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, ha sido vista como parte de una campaña sistemática contra el gobierno de Arévalo y su partido, Movimiento Semilla. Porras y otros funcionarios de la fiscalía también han sido sancionados por varios países.
Pérez concluyó que el Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, está “débil y desesperado”, y aseguró que el gobierno de Semilla continuará trabajando y brindando resultados a la población guatemalteca, a pesar de los intentos de socavar su administración.
Esta denuncia y el contexto en el que se desarrolla reflejan la creciente polarización y las tensiones en la política guatemalteca, con importantes implicaciones para la estabilidad y el futuro del país.
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