El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, retomó el debate sobre una nueva ley destinada a regular las organizaciones no gubernamentales (ONGs), en un contexto de creciente tensión política y social. Este debate ocurre en medio de un ambiente de acusaciones de fraude electoral y bajo la advertencia de la ONU sobre un "clima de miedo" en el país.
La propuesta legislativa es parte de un controvertido paquete de leyes que también incluye medidas para regular las redes sociales y castigar lo que el gobierno denomina "fascismo". El presidente Nicolás Maduro ha sido reelegido con un 52% de los votos para un tercer mandato de seis años, hasta 2031, pero la oposición, liderada por María Corina Machado, ha denunciado irregularidades en los comicios del 28 de julio, reivindicando la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.
Las protestas contra los resultados electorales han resultado en 25 muertos, 192 heridos y más de 2.400 detenidos. Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina han solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que presente un escrutinio detallado, que aún no ha sido publicado.
Leyes Controversiales y Represión
El paquete legislativo en discusión incluye una ley que regula las ONGs, prohibiendo actividades políticas y exigiendo que las organizaciones se registren y reporten detalladamente sus donaciones. La ley también estipula sanciones para quienes promuevan lo que el gobierno considera "fascismo", imponiendo multas de hasta 100.000 dólares a empresas y medios que financien actividades o difundan información que incite al "fascismo".
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha afirmado que estas leyes son necesarias para "hacer respetar el resultado electoral" y proteger el orden establecido. La ley contra el fascismo, que entrará en fase de consulta pública, castiga la promoción de reuniones o manifestaciones que hagan "apología al fascismo" y plantea la posibilidad de ilegalizar partidos políticos y medios de comunicación que contravengan esta normativa.
Reacciones Internacionales y Restricciones
Volker Türk, Alto Comisionado de los Derechos Humanos, ha instado a las autoridades venezolanas a no adoptar leyes que restrinjan el espacio cívico y democrático. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado preocupaciones sobre cómo estas leyes podrían restringir el derecho de asociación y la libertad de expresión.
Además, Maduro ha suspendido la red social X por 10 días y promueve un boicot contra WhatsApp, argumentando que las redes sociales están siendo utilizadas para atacar su reelección. La administración también ha propuesto una norma que castiga con hasta 20 años de cárcel los "delitos de odio", en un contexto en el que se han registrado violaciones a la libertad de expresión y arrestos de periodistas.
En este entorno de creciente represión, Maduro ha prometido actuar con "mano de hierro" contra lo que considera actos de violencia atribuidos a Machado y González Urrutia, quienes ahora se encuentran en la clandestinidad.
Un País en Crisis
La situación en Venezuela sigue siendo crítica, con una crisis humanitaria y política que se agrava con cada nueva medida legislativa y represión gubernamental. La comunidad internacional continúa vigilando de cerca los desarrollos, mientras el país enfrenta un desafío monumental en la defensa de los derechos humanos y la democracia.
Firma: Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com