Hoy, decenas de fiscales se reunirán en una manifestación pacífica frente al Palacio Nacional para expresar su rechazo al proyecto de reforma constitucional que, según ellos, amenaza con disminuir la autonomía del Consejo Superior del Ministerio Público. La manifestación, convocada por la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), está programada para las 4:30 de la tarde en la avenida México esquina Doctor Delgado.
El motivo de la protesta es la propuesta de modificación del artículo 174 de la Constitución de la República, la cual, según Fiscaldom, transferiría las funciones del Consejo Superior del Ministerio Público a una ley ordinaria, lo que facilitaría su modificación y podría poner en riesgo la independencia del Ministerio Público.
Merlin Mateo, miembro del Consejo Superior del Ministerio Público, expresó su preocupación sobre el impacto que esta reforma podría tener en la independencia del Ministerio. Señaló que si las funciones del Ministerio Público se regulan por ley ordinaria en lugar de estar protegidas por la Constitución, se abriría la puerta a cambios que podrían socavar la independencia de los fiscales y someter el Consejo a decisiones políticas fluctuantes.
Mateo subrayó que el Consejo Superior del Ministerio Público actúa como un contrapeso crucial en el sistema judicial, garantizando que el Ministerio Público opere de manera independiente del poder político. Advirtió que la eliminación de esta independencia podría concentrar demasiado poder en manos del Procurador General de la República, comprometiendo la imparcialidad y eficacia del Ministerio Público.
El representante de los fiscalizadores en el Consejo también lamentó que en la elaboración del anteproyecto de reforma constitucional no se consultara a los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público. Consideró que devolver al poder político el control sobre las garantías de independencia del Consejo sería un retroceso institucional significativo.
Fiscaldom espera que esta manifestación sirva para llamar la atención sobre la importancia de mantener la autonomía del Consejo Superior del Ministerio Público, protegiendo así la integridad del sistema judicial en el país.
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