“Marca un nuevo y oscuro capítulo en la represión sistemática que ha caracterizado al régimen de Daniel Ortega”, afirmó en X el excandidato Félix Maradiaga.El gobierno de Nicaragua ha impuesto nuevas regulaciones fiscales que obligarán a las iglesias y entidades religiosas a pagar impuestos sobre sus ingresos anuales, con tasas de hasta el 30% según el monto reportado. Esta medida es parte de una serie de reformas a la ley de “Control de Organismos Sin Fines de Lucro” y la ley de “Regulación de Agentes Extranjeros”, que también han conducido al cierre de 151 ONG.
Cambios en la Legislación y Cierre de ONG's
Las reformas eliminan la exención fiscal que anteriormente beneficiaba a las entidades religiosas. La resolución, publicada en el diario oficial La Gaceta y firmada por el presidente Daniel Ortega, marca un endurecimiento significativo del control estatal sobre organizaciones sin fines de lucro, especialmente aquellas vinculadas a la religión. En paralelo, el gobierno ha cancelado la inscripción de 151 ONG, elevando el número total de organizaciones cerradas desde 2018 a aproximadamente 5,300.
El gobierno argumenta que muchas de estas organizaciones, incluyendo las religiosas, jugaron un papel en las protestas de 2018, las cuales Ortega considera como intentos de golpe de Estado apoyados por entidades extranjeras y la Iglesia católica. Este aumento en la represión sigue a la implementación de una normativa que obliga a las ONG a trabajar exclusivamente en "alianzas de asociación" con entidades estatales, una medida que limita aún más su independencia.
Reacciones y Consecuencias
Las reformas fiscales y el cierre de ONG's han generado una ola de críticas tanto dentro como fuera de Nicaragua. Martha Patricia Molina, experta en temas religiosos exiliada en Estados Unidos, ha señalado que el gobierno busca “ahogar financieramente a la Iglesia” para debilitar su influencia. José María Tojeira, portavoz de los jesuitas, ha denunciado un intento sistemático por destruir la religión y crear un pensamiento único subordinado al poder de Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, y la ONU han condenado el cierre de las ONG's y la represión contra miembros de órdenes religiosas. Nichols describió las acciones del gobierno como un “violento acoso” y represión, mientras que la ONU calificó el cierre de las organizaciones como “profundamente alarmante”.
Félix Maradiaga, excandidato presidencial en el exilio, también criticó las nuevas medidas, calificándolas como un “nuevo y oscuro capítulo en la represión sistemática” del régimen de Ortega. Estados Unidos y la Unión Europea han mantenido sanciones contra el círculo cercano de Ortega debido a las violaciones de derechos humanos, especialmente en el contexto de las protestas de 2018, que resultaron en más de 300 muertes, según informes de la ONU.
Contexto Político
Daniel Ortega, exguerrillero que ha estado en el poder desde 2007, y su esposa Rosario Murillo han enfrentado creciente presión internacional por su manejo de las protestas y el control sobre la sociedad civil. Ortega ha argumentado que las protestas fueron instigadas por un intento de golpe de Estado respaldado por Washington, y ha utilizado su control sobre el aparato estatal para reforzar su régimen y silenciar a la oposición.
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