El abogado Amadeo Peralta ha denunciado que enfrenta amenazas graves contra su vida debido a su lucha contra una mafia que intenta apropiarse de terrenos en Punta Rucia, en un fraude que ha calificado como más grande que el escándalo de Bahía de las Águilas. Este entramado involucra, según Peralta, a diputados y miembros, tanto actuales como exfuncionarios, del Ministerio Público.
Peralta señaló que ha recibido múltiples ofertas para que abandone su lucha, con la promesa de que "hay para todos", pero se ha negado, afirmando que "si eres dueño de esa tierra, no tienes que ofrecerme nada a mí". Además, detalló que los involucrados en el fraude han utilizado los títulos originales de propiedades pertenecientes a Carlos López Wéstern para apropiarse de otras tierras y casas, que luego terminaban a nombre de exfiscales y diputados.
"Yo soy el único que me he enfrentado a esta mafia en Punta Rucia. Este fraude es peor que el de Bahía de las Águilas", afirmó el abogado, añadiendo que los estafadores incluso lograron apropiarse de la playa de la Ensenada.
Peralta denunció que procesos judiciales en los tribunales de Puerto Plata y la Suprema Corte de Justicia involucran a ocho personas fallecidas, quienes supuestamente continúan litigando desde la tumba. Según el abogado, los abogados del grupo mafioso se presentan a los tribunales afirmando que representan a los difuntos, lo que ha sido denunciado ante los jueces competentes.
El abogado hizo un llamado urgente a la Procuraduría y a la Dirección Regional y Nacional de Mensuras Catastrales para intervenir en el caso, denunciando que la mafia ha logrado despojar a varios propietarios de sus tierras y hogares. También instó al Colegio de Abogados a investigar la situación y a no proteger a aquellos involucrados en estas actividades delictivas.
Peralta destacó que una abogada del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Dulce María López, está involucrada en la falsificación de documentos, y cuestionó cómo el director del IAD la mantiene en su puesto. Según Peralta, su firma y la de tres jueces fueron falsificadas en una resolución que forma parte del fraude.
El exfiscal de Santiago, Jesús del Carmen Méndez Sánchez, también ha sido señalado como parte de este grupo, al igual que el abogado Fernando Enrique Mejía Mendoza, quien trabajó en el proceso inicial. Además, el diputado Gregorio Domínguez ha sido acusado de poner a su nombre propiedades que antes pertenecían a otras personas, incluyendo la casa del ingeniero José de los Santos y la playa de la Ensenada, la cual quedó a nombre del exfiscal.
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