Asamblea Nacional de Nicaragua durante una sesión parlamentaria en Managua, el 14 de junio de 2022La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el miércoles una polémica ley que impone penas de cárcel para quienes publiquen comentarios en redes sociales que causen "alarma, temor, pánico o zozobra" entre la población. La medida, que ha sido calificada como una "ley mordaza" por medios opositores en el exilio, establece penas de tres a cinco años de cárcel y multas para quienes incumplan la normativa. Si la publicación se considera que promueve discriminación, odio, violencia, o pone en riesgo la estabilidad económica y social, la pena podría ascender a cinco a diez años de prisión.
La ley endurece la legislación existente sobre ciberdelitos, que desde 2020 ha llevado a la acusación y arresto de numerosos opositores y periodistas en Nicaragua bajo el pretexto de "propagación de noticias falsas". El parlamento, controlado por el gobierno de Daniel Ortega, argumenta que la nueva normativa fortalecerá la prevención, investigación y judicialización de delitos en los sistemas informáticos y redes sociales.
Salvador Marenco, abogado nicaragüense exiliado en Costa Rica, expresó su preocupación, afirmando que la ley "materializa el control total de las redes sociales". Marenco destacó que estas plataformas han sido fundamentales para denunciar violaciones de derechos humanos en Nicaragua y advirtió que la ley amplía la "política de represión transnacional" del régimen de Ortega.
Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Centroamericana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, criticó la nueva ley como una extensión de la “dictadura de Ortega”. Leiva afirmó que la legislación refleja una crisis permanente de derechos humanos en Nicaragua y denunció el control absoluto ejercido por Ortega y Rosario Murillo.
El gobierno de Ortega ha intensificado su represión desde las protestas opositoras de 2018, mediante la implementación de leyes más estrictas y la clausura de más de 5.500 organizaciones no gubernamentales. Las protestas de 2018 resultaron en más de 300 muertes, según la ONU, y desde entonces, miles de nicaragüenses han huido al exilio y cientos han sido expulsados y despojados de sus bienes.
La nueva ley se suma a una reciente reforma al código penal que impone condenas de hasta 30 años de prisión y confiscación de bienes por "delitos contra el Estado", independientemente del país en el que se cometan. Además, el martes, Nicaragua retiró la nacionalidad y confiscó los bienes de 135 expresos políticos enviados a Guatemala, elevando a 451 el número de opositores despojados de su nacionalidad desde principios de 2023.
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