Las prohibiciones incluyen la compra de vehículos de lujo para instituciones públicas, la impresión de memorias institucionales y gastos para eventos generales, como aniversarios de entidades. Vicente subrayó que estos gastos serán revisados para asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y prioritaria.
Además, se limitará la publicidad estatal a las instituciones que realmente la necesiten, reduciendo significativamente los presupuestos de publicidad de otras entidades.
Otro aspecto relevante es el control de los viajes al exterior, que deberá contar con la no objeción del órgano correspondiente, para evitar gastos innecesarios y asegurar la eficiencia en la gestión pública.
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