Operación Búfalo KNEl próximo sábado, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la solicitud de medida de coerción contra los integrantes de una poderosa red de narcotráfico internacional, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos, capturados en el marco de la Operación Búfalo KN. La audiencia, fijada para las 9:00 de la mañana, busca imponer prisión preventiva a los implicados y declarar el caso como complejo, debido a la gravedad de los hechos.
Entre los principales acusados se encuentran Rafael Ynoa Santana, alias "El Cojo, Pocho, El Don", identificado como el cabecilla de la organización, e Isidoro Rotestan Clase, alias "El Men", uno de sus socios. Otros imputados incluyen a Juan Bolívar Hernández, Juan Antonio Toribio, Juan Henríquez Tavárez, Seriano Núñez Pichardo, Germania Mercedes Natalia Román, Maritza Flete Santana (Karilia), Robert Nicolás Aosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.
El Ministerio Público, representado por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, junto a la procuradora de la Corte de Apelación Sourelly Jáquez Vialet y los fiscales Andrés Mena, Joathan Pérez Fulcar, Miguel Collado García y Enmanuel Ramírez Sánchez, presentó la solicitud de prisión preventiva tras una extensa investigación que revela el carácter organizado de la estructura criminal. Según las autoridades, el grupo movilizaba grandes cargamentos de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando lanchas rápidas y barcos pesqueros.
Durante los operativos, que se realizaron simultáneamente por aire, mar y tierra en Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná, se incautaron aproximadamente dos toneladas de cocaína. Las autoridades destacaron la colaboración de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia del Estado y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
El Ministerio Público sostiene que este caso amerita ser declarado complejo debido a la pluralidad de los delitos imputados, la magnitud de los hechos y la cantidad de víctimas e investigados, por lo que se espera que las penas impuestas puedan alcanzar hasta 20 años de prisión
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