En primer plano, Antoliano Peralta y Persio Maldonado, durante una reunión de la Sociedad Dominicana que trató, en Listín Diario, sobre la nueva ley de la DNIEl Tribunal Constitucional ha dejado en estado de fallo al menos nueve impugnaciones contra la Ley 01-24 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 15 de enero. Esta ley ha sido objeto de críticas por sectores nacionales debido a ciertas ambivalencias en su texto, que algunos consideran inconstitucionales.
Entre los puntos más controvertidos, destacan los artículos que otorgan amplios poderes a la DNI, como el artículo 9, que le permite investigar actividades que puedan atentar contra la seguridad nacional. También el artículo 11, que obliga a instituciones públicas y privadas a entregar información requerida por la DNI, lo que ha sido señalado como una violación del derecho a la intimidad y la privacidad.
Los querellantes, entre los que se encuentran organizaciones religiosas como Acción Cristiana y Juventud con una Misión (JUCUM), así como partidos políticos como el PRD, Fuerza del Pueblo, y Generación de Servidores, han argumentado que estas disposiciones violan los derechos fundamentales consagrados en los artículos 40 y 44 de la Constitución, que protegen la libertad y la privacidad de los ciudadanos. Entre los críticos de la ley también figuran grupos de la sociedad civil como el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y el grupo Identidad Dominicana (IDEDOM).
Ante las críticas, una comisión que estudia la ley ha propuesto modificaciones a cinco de los 39 artículos del texto legislativo. Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y vocero de la comisión, ha informado que los cambios buscan corregir las ambigüedades señaladas por diferentes sectores de la sociedad civil.
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), representado por su presidente, Aurelio Henríquez, ha solicitado al presidente Abinader que evalúe con detenimiento estas propuestas para garantizar que la ley no afecte la libertad de expresión ni el derecho a la privacidad de los ciudadanos, especialmente en lo que concierne a los periodistas y la protección de sus fuentes.
"Es crucial que esta ley esté alineada con los derechos fundamentales de nuestra sociedad y que no deje margen para interpretaciones que puedan vulnerar la libertad de prensa o la privacidad de los ciudadanos", señaló Henríquez.
Convenio para Formación de Periodistas
En el marco de una rueda de prensa, el CDP también anunció un importante convenio con la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL). Este acuerdo brindará becas a periodistas y comunicadores dominicanos para que puedan cursar licenciaturas, maestrías y doctorados bajo la modalidad virtual. Alessandra Díaz, líder de relaciones y cooperación internacional de UTEL, explicó que por cada 20 matrículas, se otorgará una beca integral, abriendo mayores oportunidades de desarrollo profesional para los miembros del gremio periodístico.
Con este convenio, se busca que los periodistas dominicanos sigan fortaleciendo su formación académica y profesional, contribuyendo a una prensa más sólida y comprometida con los valores democráticos del país.
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