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Jochi Gómez, vinculado al escándalo del contrato de los semaforos y el Intrant, moderó una conferencia de Mike Pompeo, pasado secretario de Estado de los Estados UnidosEl acuerdo de cooperación entre AURIX y el Ministerio de Defensa fue firmado el 23 de junio de 2020, durante la administración del entonces ministro Rubén Darío Paulino Sem. Este contrato ha sido señalado como problemático debido a la naturaleza de la información compartida, ya que involucraba datos clasificados, lo cual va en contra de las normas que regulan la seguridad nacional. AURIX, una empresa privada dedicada al análisis de fuentes abiertas ya la inteligencia artificial, no estaba autorizada para manejar dicha información.
Según lo expuesto, la colaboración con la empresa privada carecía de fundamento constitucional y contractual, además de ser contraria a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Ley 139-13), específicamente en sus artículos 60, 61, 62 y 63, que establecen que el sistema de inteligencia militar debe ser manejado exclusivamente por las instituciones pertinentes del Estado. Estas normas señalan que es responsabilidad de las direcciones de inteligencia militar obtener, analizar y evaluar la información en sus respectivas áreas de competencia.
Otro motivo para rescindir el contrato fue que, bajo el acuerdo, se autorizaba a AURIX al uso del logotipo del Ministerio de Defensa y al acceso a información privilegiada, una acción que fue catalogada como un riesgo para la seguridad del Estado. Esta información fue clasificada como reservada por ley y no podía ser compartida con particulares, lo cual fue reiterado por las Fuerzas Armadas, que dejaron de compartir información con AURIX desde el 16 de agosto de 2020.
Además, el contrato vulneraba procedimientos administrativos y evidenciaba "desviaciones de poder a particulares" dentro del ámbito de la inteligencia militar. La falta de requisitos formales esenciales para la formulación de los atributos conferidos a AURIX también se destacó como uno de los principales problemas.
Finalmente, el contrato entró en estado de ilicitud después del fin del estado de excepción. Este estado fue levantado mediante el decreto 622-21 el 8 de octubre de 2021, poniendo fin a la crisis por la pandemia de COVID-19. Desde entonces, se argumenta que el acuerdo no tenía objeto y dejó de representar un perfil de cooperación válido entre el Ministerio de Defensa y AURIX, S.A.S.
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