El Ministerio Público ha revelado que Jochi Gómez, uno de los imputados en el caso Camaleón, instaló cámaras en distintas calles de la República Dominicana como parte de un "esquema ilegal de espionaje", en colaboración con Carlos Peguero, otro de los involucrados. Esta información fue confirmada durante la "Operación Camaleón", en la que se desmanteló una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco y estafa contra el Estado.
Jochi Gómez, conocido también como José Ángel Gómez-Canaán, fue arrestado tras ser interrogado en la Procuraduría General de la República (PGR) por supuestas irregularidades en la licitación para la modernización y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, realizada con el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).
Según el Ministerio Público, la empresa Transcore Latam, vinculada a Gómez-Canaán, utilizó las instalaciones semafóricas para fines distintos a los establecidos en el contrato original. Los fiscales aseguraron que, además de incumplir con los elementos ofertados, Transcore Latam añadió unilateralmente fibra óptica, nodos de concentración y kits de Starlink, además de instalar un total de 55 cámaras, las cuales fueron usadas para espionaje.
"La manipulación de datos y la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento constituye una amenaza directa a la privacidad y seguridad, configurando delitos contra la seguridad pública y otros crímenes conexos", indicó el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción contra los imputados.
Los fiscales resaltaron que las actividades de espionaje no solo violan la privacidad de los ciudadanos, sino que también representan una amenaza para la seguridad pública, dado que la información recogida podría ser utilizada en actos de extorsión.
Durante la auditoría realizada, los peritos observaron que las cámaras instaladas tenían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real, almacenando un volumen significativo de datos. Sin embargo, Transcore Latam no pudo explicar adecuadamente dónde ni cómo se procesaban estos datos, y los servidores revisados fueron considerados insuficientes para manejar la cantidad de información acumulada.
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