La apertura de las vistas públicas sobre el proyecto de "Transformación Fiscal" presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional ha suscitado una ola de críticas y preocupaciones por parte de sectores empresariales, sociales y ciudadanos. Estas sesiones, lideradas por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, tienen como objetivo escuchar las opiniones de diferentes sectores respecto a la propuesta de reforma fiscal.
Desde temprano, representantes de diversos sectores se acercaron al Congreso Nacional para expresar su rechazo y proponer modificaciones al documento, destacando la falta de consenso con la que fue elaborado. A su vez, decenas de manifestantes se congregaron en las afueras del Congreso pidiendo el retiro completo de la propuesta, argumentando que las medidas fiscales planteadas afectarían negativamente a la economía y a la clase media.
Impacto en las viviendas y fideicomisos
Crhistian Molina, representante de la Asociación de Fiduciarias Dominicana (Asofidom), señaló que las nuevas disposiciones fiscales afectarían la comercialización de viviendas en el país. Según Molina, el sector fiduciario ha sido clave para la construcción de más de 5,000 hogares, generando un flujo económico importante. Sin embargo, advierte que la reforma podría impedir que muchos dominicanos accedan a su primera vivienda, retrocediendo décadas en términos de desarrollo habitacional.
Annerys Meléndez, en representación de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), coincidió en que las medidas fiscales propuestas, como la eliminación de las tasas diferenciadas para fideicomisos, provocarían un aumento del 12.5% en el costo de las viviendas. Además, advirtió que el encarecimiento de los materiales de construcción seguiría incrementando los precios, afectando también los alquileres, al reducirse la oferta de viviendas asequibles.
Defensa de la industria cinematográfica
Hans García, presidente de la Asociación Nacional Dominicana de Cine (Adocine), defendió los incentivos fiscales para el sector cinematográfico, establecidos en la Ley 108-10. Explicó que la industria del cine genera más de 25,000 empleos, de los cuales el 55% son ocupados por mujeres, y que más del 85% de los gastos relacionados con la producción cinematográfica benefician a pequeñas y medianas empresas locales. García reconoció la necesidad de revisar ciertos aspectos de la ley, pero pidió no debilitar los estímulos que permiten el crecimiento de esta industria, que genera millonarias inversiones en el país.
Exigencias de los sectores sociales y empresariales
Además de proteger sectores específicos como el inmobiliario y el cinematográfico, varios expositores coincidieron en la necesidad de proteger la canasta básica de los nuevos impuestos, aumentar el salario mínimo y reducir la nómina pública. También exigieron una mayor fiscalización del gasto público, la reducción de la publicidad gubernamental y un control más estricto sobre la eficiencia energética para reducir las pérdidas en ese sector.
Representantes de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) también alertaron sobre el impacto negativo que tendría la reforma en el sistema bancario, particularmente en lo que respecta a las transferencias digitales y el ahorro de los ciudadanos.
Críticas a la legalidad de la reforma
El activista político Carlos Peña denunció que el proyecto de reforma fiscal es inconstitucional, al no haber sido consensuado con el Consejo Económico Social (CES), tal como lo establece el artículo 251 de la Constitución. Peña señaló que si la reforma es aprobada en su forma actual, acudirá al Tribunal Constitucional para que la declare nula. Además, destacó que durante el primer mandato del presidente Luis Abinader, el país ha asumido una deuda de 45 mil millones de dólares.
En una postura similar, la excandidata presidencial Virginia Antares calificó la reforma de "injusta" e insistió en la necesidad de retirar completamente el proyecto.
Próximos pasos
Mientras continúan las vistas públicas, el proyecto de reforma fiscal sigue siendo analizado por los legisladores. La Comisión de Hacienda tiene la tarea de estudiar las recomendaciones y objeciones presentadas por los distintos sectores antes de emitir su informe final.