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El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Genao, presentó la moción para eximir la aplicación del artículo 272 de la Constitución, el cual regula la realización de un referendo aprobatorio cuando la reforma constitucional afecta derechos fundamentales o el procedimiento de reformas.
La disposición transitoria reza: "Las disposiciones contenidas en el artículo 272 relativas al referendo aprobatorio, por excepción, no son aplicables a la presente reforma constitucional". Esta cláusula ya había sido introducida en 2015 bajo el mandato del expresidente Danilo Medina y ahora se propone como primer transitorio de la nueva reforma.
El artículo 272 de la Constitución establece que cuando una reforma afecte derechos fundamentales, la Junta Central Electoral (JCE) debe realizar un referendo aprobatorio, el cual debe ser ratificado por al menos el 30% del electorado para que la modificación entre en vigencia.
Debate sobre la "cláusula pétrea" y la reelección presidencial
Uno de los puntos más controversiales de la reforma actual es la incorporación del artículo 124, que limita la reelección presidencial a dos mandatos consecutivos. Este artículo estaría protegido por la "cláusula pétrea" del artículo 268, que prohíbe modificar la forma de gobierno, la cual debe ser siempre "civil, republicana, democrática y representativa".
El presidente Luis Abinader propuso esta enmienda para evitar que futuros presidentes alteren la Constitución en su favor, ciegando así la norma sobre la reelección.
Rechazo desde la oposición y expertos constitucionalistas
El abogado constitucionalista Nassef Perdomo y el diputado Carlos de Pérez, de la Fuerza del Pueblo (FP), han criticado duramente la disposición transitoria. Perdomo sostiene que la reforma afecta el procedimiento constitucional, lo que implica que un referendo aprobatorio sería necesario según el artículo 272. "Están tratando de eludir la obligación de celebrarlo", afirmó.
De Pérez, por su parte, calificó la medida como una "burla al procedimiento constitucional", acusando al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) de intentar evitar futuros conflictos legales con el Tribunal Constitucional.
La deuda del Congreso Nacional
Finalmente, la ley del referendo aprobatorio y consultivo, que debería regular este tipo de procesos, sigue sin ser aprobada por el Congreso Nacional, una deuda legislativa que persiste desde la reforma constitucional de 2010. Ni el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ni el PRM, con mayoría en el Congreso, han logrado aprobarla en los últimos 14 años.
Este escenario ha puesto en el centro del debate la transparencia y legitimidad del proceso de reforma constitucional en República Dominicana.
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