José Luis Ábalos con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el resto de ministros para una foto de familia tras su primera reunión de gabinete en el palacio de La Moncloa, en Madrid.El exministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, estaría involucrado en la creación de 14 empresas en la República Dominicana, supuestamente utilizadas para el blanqueo de dinero proveniente de comisiones irregulares vinculadas a contratos sanitarios durante la pandemia del COVID- 19.
Revelaciones de la investigación
Según el diario español The Objective , las declaraciones fueron realizadas ante el juez Ismael Moreno por Víctor de Aldama, una figura clave en el caso de corrupción. La República Dominicana habría servido como base para mover dinero, invertir en bienes y disfrutar de una vida de lujo, sin levantar sospechas.
Entre marzo de 2021 y agosto de 2022, se crearon estas empresas con actividades centradas en la distribución de fármacos, material sanitario, pruebas médicas, construcción y transacciones inmobiliarias.
Empresas implicadas y sus operaciones
Entre las sociedades señaladas están:
- Megalab , Pronalab , Eurofins Histolog y GSI Dominicana (servicios clínicos).
- Reusa y Modular HV Corp (constructoras).
- Bali (venta de cigarrillos electrónicos).
Algunas de estas compañías operaban desde solares o edificios en ruinas, con vínculos directos entre Aldama y otros involucrados, como César Moreno e Ignacio Díaz Tapia.
Nuevas figuras y conexiones internacionales
Un supuesto asesor del Ministerio de Transportes bajo Ábalos, Bernardo Castillo Pérez, está relacionado con otras seis empresas en República Dominicana. Castillo habría mediado en negocios entre ministros de Agricultura de España y República Dominicana, además de gestionar pruebas COVID en hoteles de Punta Cana.
Estas pruebas habrían sido introducidas con la intervención del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili.
Impacto del caso
El caso evidencia un esquema de corrupción transnacional que involucra a altos funcionarios y empresas en España y República Dominicana. Las autoridades continúan investigando la profundidad de las operaciones y el alcance de los vínculos de Ábalos y su entorno con estas actividades ilícitas.
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