La ley prioriza aquellas obras que han avanzado al menos un 25%, pero también abarca proyectos que aún no han comenzado. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Servicio Nacional de Salud y otras entidades serán responsables de ejecutar los planos necesarios para culminar estos proyectos, con la posibilidad de realizar ajustes financieros para asegurar su finalización.
Entre las obras a concluir se incluyen proyectos habitacionales, remodelaciones de tribunales, hospitales en varias localidades y obras de infraestructura vial. Este esfuerzo se enmarca dentro de un plan que busca impulsar el desarrollo sostenible y mejorar los servicios públicos en todo el país, asegurando el progreso de las zonas más necesitadas.
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