El sistema carcelario es degradante, sumiendo a los presos en un infierno por las condiciones de hacinamiento.12 de diciembre del 2024
En las cárceles de la República Dominicana, numerosos presos preventivos enfrentan una prolongada espera por justicia, con algunos casos extendiéndose por más de cinco años y hasta diez reenvíos. Esta situación es uno de los aspectos más preocupantes que revela un informe de la Defensoría del Pueblo, el cual denuncia serias violaciones a los derechos humanos y barreras significativas para acceder a un juicio justo.
El informe destaca que las personas más pobres y aquellas con nacionalidades distintas a la dominicana enfrentan mayores dificultades para recibir asistencia legal adecuada. Además, se evidenció una falta de compromiso de algunos defensores públicos, quienes a menudo incurren en prácticas cuestionables, como transacciones con los abogados de la parte acusadora.
Condiciones degradantes en los centros penitenciarios
El estudio cualitativo, basado en 72 entrevistas en 10 centros penitenciarios del país, también describe condiciones de vida alarmantes para los internos. Las denuncias incluyen hacinamiento extremo, abuso sexual hacia hombres y mujeres, y maltrato físico por parte de los agentes penitenciarios. Además, persiste la práctica conocida como “La plancha”, un sistema de tortura que obliga a los internos castigados a dormir de pie en espacios reducidos.
Estos castigos, lejos de fomentar la rehabilitación, agravan los comportamientos violentos y refuerzan patrones delictivos. Las condiciones en las cárceles también perpetúan la desigualdad, donde quienes poseen mayores recursos económicos gozan de privilegios frente al resto de la población carcelaria.
Recomendaciones para una reforma urgente
El informe propone una revisión exhaustiva de los centros penitenciarios, orientada a democratizar su gestión, garantizar el respeto a los derechos humanos e integrar una perspectiva de equidad de género. Entre las recomendaciones destacan:
Evaluar y mejorar el desempeño de los defensores públicos para garantizar una defensa ética y comprometida.
Implementar programas educativos y laborales inclusivos, enfocados en la cohesión social y la reinserción efectiva.
Erradicar las prácticas de tortura y el sistema de privilegios que perpetúan la desigualdad.
Monitorear las condiciones carcelarias a través de consultorías externas independientes.
La Defensoría del Pueblo también hace un llamado a garantizar que las personas internas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, tengan acceso a servicios de salud, educación y trabajo, promoviendo su desarrollo integral y respeto a su dignidad humana.
Conclusión
El sistema penitenciario dominicano requiere reformas estructurales urgentes para transformar los centros de detención en espacios de rehabilitación efectiva. Esto solo será posible mediante el respeto a los derechos humanos y un enfoque inclusivo que permita a los internos una verdadera oportunidad de reinserción social.
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