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Imponen 18 meses de prisión preventiva a implicadas en caso Guepardo

 

Mazo de juezFuente externa

Por Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com

La Romana, RD | 25/02/2025 21:37

La Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de tres miembros de la red dedicada a la estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos, desarticulada en el Caso Guepardo.

La magistrada Margarita Cristo Cristo impuso la medida a Yves Alexandre Giroux, de nacionalidad canadiense, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes cumplirán la prisión preventiva en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís y en Najayo-Mujeres.

El tribunal también declaró la complejidad del proceso y se opuso a la venta o traspaso de los bienes muebles e inmuebles identificados en la investigación.

La magistrada rechazó los pedimentos de excepción de constitucionalidad contra la sentencia 765 del 29 de noviembre de 2024 dictada por el Tribunal Constitucional, que fue diferida hasta noviembre de 2025, así como la nulidad del arresto, pues se respetaron los cánones legales al momento de su detención.

Sobre el Caso Guepardo
La estructura criminal, según los fiscales, se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.

La investigación, liderada por el Ministerio Público con el apoyo de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT) de la Policía Nacional y el informe financiero preliminar realizado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, reveló que la organización delictiva recibió US$ 18.851.583,12.

El pasado 7 de febrero de 2025, se practicaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se confiscaron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante que ayudó a identificar el modus operandi de la red.

El Ministerio Público indicó que las actividades de estos malhechores constituyen violaciones a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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