Ángel Lockward y firma de abogados norteamericanos Silva & Silva, P.A.La firma estadounidense Silva & Silva, P.A. representará a víctimas y familiares, tanto nacionales como extranjeros, que resultaron afectados en el colapso del techo del club nocturno Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril de 2025.
Durante una rueda de prensa, los representantes legales explicaron que los reclamos de los ciudadanos extranjeros, en especial los norteamericanos, serán llevados ante la jurisdicción de Estados Unidos, dado que el club Jet Set está registrado como marca en el estado de Nueva York, y tanto los propietarios como al menos 20 de las víctimas son ciudadanos estadounidenses.
Para los afectados nacionales, los abogados concluyen que, debido a la situación financiera de la empresa y su propietario, la vía más recomendable es una demanda patrimonial al Estado dominicano.
“El objetivo es lograr tres cosas: respuestas, compensación y cambio. Eso es lo que necesitan las víctimas y sus familias”, declaró Benjamín Fernández, abogado litigante especializado en casos de lesiones personales catastróficas.
La firma Silva & Silva trabajará de manera conjunta con el abogado dominicano Ángel Lockward, quien agregó que existe la posibilidad de que los gerentes y accionistas de la empresa propietaria enfrenten cargos penales por violación al artículo 319 del Código Penal Dominicano, lo que permitiría a los ciudadanos dominicanos reclamar indemnizaciones y penas de prisión de seis meses a dos años.
Lockward detalló que, pese a que el club facturaba entre 500 y 600 millones de pesos anuales, su capital registrado como propiedad intelectual apenas alcanza el millón de pesos. Además, advirtió que cualquier pago de seguro probablemente sería insuficiente para cubrir adecuadamente a todas las víctimas.
“Me imagino que la póliza de seguro no alcanzará ni para asegurar el meñique de cada víctima; eso es responsabilidad del Estado”, expresó Lockward, señalando la necesidad de que el gobierno asuma parte de la responsabilidad e indemnice a los afectados como acto de justicia, especialmente a los de bajos recursos.
Asimismo, el jurista desmintió la existencia de un “vacío legal” en la supervisión técnica de obras privadas, como se había mencionado, asegurando que esta responsabilidad recae sobre el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y sus viceministerios correspondientes.
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✍️ Por Alfonso Alvarez | www.laspalomastv.com
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