Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).25 de abril de 2025 —
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha publicado un informe que destaca las incertidumbres normativas, tensiones institucionales y nuevas iniciativas legislativas que marcaron la libertad de prensa en la República Dominicana durante el último semestre.
El informe menciona que la reforma de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde 1962, sigue estancada, a pesar de que un anteproyecto fue elaborado por una comisión especial hace dos años. Este sigue bajo estudio en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. En marzo, el presidente Luis Abinader señaló que enviaría el proyecto al Congreso, pero hasta ahora la demora genera dudas sobre la voluntad política o posibles divergencias internas.
A nivel legislativo, surgieron propuestas preocupantes de parte de los diputados oficialistas Bolívar Valera y Amado Díaz, quienes sometieron iniciativas para regular los medios digitales, los creadores de contenido, los influencers y las plataformas digitales, lo que ha generado controversia sobre su impacto en la libertad de expresión.
En marzo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, abogó por una legislación que establezca “consecuencias claras” contra la difamación, especialmente a raíz de las denuncias de periodistas que fueron acusados, sin pruebas, de ser agentes pagos por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID).
En noviembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia aprobó una nueva política de protección de datos, la cual fue rechazada por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) por considerar que limitaba el acceso de la prensa a la información judicial pública. Esta medida otorgaba excesiva discrecionalidad a los jueces para clasificar la información como confidencial, lo que afectaba la transparencia de los procesos judiciales y el trabajo de los periodistas de investigación. Se ha formado una comisión mixta entre la SCJ y la SDD para reformular esta política.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 1-24, que creaba el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), ya que violaba principios constitucionales al otorgar facultades desproporcionadas a los agentes de inteligencia del Estado, como la posibilidad de confiscar datos y realizar interrogatorios sin orden judicial previa.
Finalmente, se ha continuado con el incumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, ya que varios organismos estatales se han resistido a entregar información a los medios o han dilatado su respuesta de manera injustificada. Medios como Diario Libre y Listín Diario han denunciado casos específicos de negación de información.
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