Tres nuevas querellas fueron presentadas este lunes ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra los propietarios de la discoteca Jet Set Club, escenario de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, donde 232 personas perdieron la vida y casi 200 resultaron heridas.
Las acciones judiciales fueron interpuestas por los familiares de María Leonarda Perafán Lorenzo, Hancel A. Marte y Aracelis Altagracia Santana Marte, representados por el abogado Félix Humberto Portes.
Las querellas se dirigen contra Antonio Espaillat López, Ana Grecia López, la sociedad comercial Inversiones E y L, S.R.L., el establecimiento Jet Set Club, así como contra el Estado dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional, alegando graves violaciones al ordenamiento jurídico nacional.
Portes fundamentó las acusaciones en múltiples disposiciones legales, incluyendo el artículo 319 del Código Penal, la Ley 687-82 de Normas de Construcción, la Ley 160-21 del MIVHED, así como varios artículos de la Constitución Dominicana y reglamentaciones de edificación y urbanización.
Detalles de las querellas
1. María Leonarda Perafán Lorenzo
De 21 años, María Leonarda era egresada del Instituto Politécnico Loyola y estudiante de Publicidad y Marketing en la Universidad APEC. Sus padres, Ramona Lorenzo Vizcaíno y Leopoldo Ernesto Perafán Espinosa, actúan como querellantes en reclamo de justicia por la pérdida irreparable de su hija.
2. Hancel A. Marte
Ingeniero eléctrico de 33 años, con estudios en energías renovables y ciberseguridad, resultó gravemente herido en el colapso. Marte, padre de tres hijos, acudió como invitado al evento donde también falleció el artista Felito Music.
3. Aracelis Altagracia Santana Marte
Abogada y asistente dental de 47 años, sobreviviente de la tragedia, enfrenta actualmente un trastorno de estrés postraumático severo tras sufrir lesiones físicas y emocionales en el colapso.
Responsabilidad de autoridades y compensación
El abogado Portes subrayó que estas querellas buscan establecer la responsabilidad penal y la reparación integral para las víctimas, incluyendo indemnización por daños físicos, emocionales y patrimoniales. También destacó la negligencia de las autoridades municipales y estatales en la supervisión de las normas de construcción, lo que contribuyó a la magnitud de la tragedia.
Estas acciones marcan un precedente importante en la lucha contra la impunidad en casos de construcciones inseguras, y en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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