La Ley 1-24 que crea la DNI tiene artículos contrarios a la Constitución como el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes y de los médicos al secreto profesional
Por Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com
19 de enero del 2024.
Rechazo de la Ley 1-24: Diversos sectores, como el Colegio Dominicano de Periodistas, Codue, Falpo y el jurista Cándido Simón, rechazan la Ley 1-24, que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), argumentando que contiene disposiciones que violan la Constitución.
Violación de derechos fundamentales: Se sostiene que la ley viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana. Entre ellos, se destaca el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes y el derecho de los médicos al secreto profesional.
Preocupaciones del Colegio de Periodistas: El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Henríquez, destaca que la ley obliga a los ciudadanos a entregar información requerida por la DNI, lo cual contradice el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes, establecido en la Constitución.
Críticas del jurista Cándido Simón: Cándido Simón advierte que la nueva ley reinstaura un "Estado policial", rompe con el secreto profesional, y permite al Presidente de la República vigilar a los ciudadanos sin orden judicial. También cuestiona la obligación de empresas de proveer información.
Posición del Consejo de la Unidad Evangélica: El Codue señala que la ley limita y vulnera derechos fundamentales como la libertad, la privacidad y el secreto profesional. Lamenta que surja esta ley después de avances en la protección de derechos en los últimos 12 años.
Demanda de modificación por el Falpo: El Frente Amplio de Lucha Popular demanda la modificación de la ley, especialmente los artículos 9, 11 y 26. Considera que la ley es ilegal, antidemocrática y peligrosa, y critica disposiciones que podrían afectar la libertad de la ciudadanía.
Inquietudes sobre interceptaciones telefónicas y libertad de prensa: Se expresan preocupaciones sobre el artículo 11, que obliga a ciudadanos a entregar información a la DNI, y el artículo 26, que podría afectar la libertad de prensa y el secreto profesional.
La oposición destaca la importancia de proteger los derechos fundamentales y critica disposiciones que podrían conducir a la violación de la privacidad y la libertad individual.