La presidenta peruana Dina Boluarte se dirige a la prensa al finalizar la Cumbre de la Amazonía, el 8 de agosto de 2023, en Belém, Brasil.Adrianzén calificó estos allanamientos como un "atropello a la dignidad" de la presidencia y la nación peruana, considerando que son desproporcionados e inconstitucionales. La incursión policial, llevada a cabo durante la madrugada, buscaba las joyas de la mandataria en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones en documentos públicos.
Los ministros de Estado expresaron su solidaridad con Boluarte y rechazaron las acciones que consideran políticamente desestabilizadoras, encubiertas bajo disposiciones jurisdiccionales cuestionables.
Según Adrianzén, Boluarte se encontraba en su residencia dentro del palacio de gobierno durante los allanamientos y está dispuesta a brindar declaraciones a la fiscalía cuando sea convocada. Aunque la mandataria había solicitado una reprogramación de su citación a declarar, esta no fue aceptada, aunque sigue colaborando con la fiscalía.
En caso de ser acusada formalmente, Boluarte solo podrá ser sometida a juicio una vez finalice su mandato en julio de 2026, según lo establece la Constitución. Sin embargo, el escándalo podría derivar en un pedido de destitución desde el Congreso bajo la acusación de "incapacidad moral".