
Esta demanda refleja la persistente crisis política y de seguridad en el país, a pesar de la reciente creación oficial del consejo por decreto el viernes, en un contexto marcado por la violencia de las pandillas.
En un comunicado emitido el sábado, los nueve involucrados expresaron su profunda preocupación por el decreto, señalando que distorsiona el acuerdo consensuado para un Ejecutivo bicéfalo respaldado por el consejo presidencial de transición. Exigen la publicación en el diario oficial del acuerdo político del 3 de abril, que detalla la misión, organización y miembros del consejo de transición.
Aunque el gobierno saliente mencionó la creación del consejo en su decreto, no reveló los nombres de sus integrantes. Esto ha generado incertidumbre sobre la aprobación de ciertos nombres y ha retrasado la instalación del consejo.
El primer ministro Ariel Henry y su gobierno son instados a facilitar la instalación del consejo presidencial de transición según lo acordado el 3 de abril, con el objetivo de asegurar una transición pacífica y ordenada.
Una vez establecido, el consejo de transición deberá enfrentar la delicada tarea de restaurar el orden público y la estabilidad en el país, en medio de una situación política y de seguridad compleja.
La creación de este consejo ha sido el resultado de arduas negociaciones marcadas por desacuerdos entre los partidos políticos y el gobierno saliente. Estará compuesto por siete miembros votantes, representando a las principales fuerzas políticas y al sector privado, además de dos observadores sin derecho a voto, que representarán a la sociedad civil y a la comunidad religiosa, respectivamente.