Los fiscales actuantes en el caso Calamar solicitaron al Cuarto Juzgado de la Instrucción mantener las medidas de coerción a todos los imputadosSegún la solicitud del Ministerio Público, se pide que el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ex ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, sean llevados a juicio de fondo junto con otros implicados. Entre estos últimos se encuentran el ex contralor general de la República, Daniel de Jesús Caamaño, y el ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, entre otros individuos y entidades empresariales.
Los fiscales a cargo del caso, la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, han pedido al tribunal un auto de apertura a juicio para que los imputados respondan a las acusaciones en su contra.
Además, se solicita al tribunal que mantenga las medidas de coerción vigentes contra todos los imputados, argumentando que estas medidas son necesarias para garantizar que no se sustraigan del proceso penal y para asegurar la preservación de los bienes relacionados con el caso.
En el expediente figuran tanto personas físicas como jurídicas, lo que sugiere una complejidad considerable en el caso. Entre las empresas mencionadas se encuentran Miqui Trade, S.R.L., Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L., y otras más. La diversidad de involucrados y la gravedad de las acusaciones hacen del caso Calamar uno de los más relevantes en el ámbito de la corrupción administrativa en la República Dominicana.