Fotografía muestra al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dando declaraciones a la prensa sobre el caso Calamar.Por Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com
16 de mayo del 2024.
La acusación detalla varias características que presuntamente se utilizaron para llevar a cabo esta estafa. Se menciona la utilización de seis instituciones públicas, así como el Banco de Reservas, como parte de la estructura para estafar y desfalcar al Estado. Se habla de un "Programa de financiamiento de contratistas" que habría costado al Estado la mencionada cantidad de dinero y que habría servido como una operación de lavado de activos.
Se alega que los implicados falsificaron documentación y declaraciones juradas de bienes, accedieron a préstamos y líneas de crédito sin garantías adecuadas, y utilizaron esquemas empresariales para el lavado de activos. También se señala la participación de funcionarios de alto nivel y técnicos dentro de las instituciones públicas utilizadas.
La acusación describe cómo se habrían realizado pagos irregulares, simulado deudas y utilizado empresas ficticias para desviar fondos públicos. Además, se menciona la manipulación de procedimientos de pago y expropiaciones de terrenos, así como la exclusión de herederos legítimos de títulos de propiedad.
Los nombres de los implicados incluyen a ex funcionarios como el excontralor general de la República, Daniel de Jesús Caamaño, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, así como a otros individuos y empresas.
Esta acusación pone de relieve la presunta magnitud de la corrupción y el desfalco al Estado en el caso Calamar, lo que sugiere un esquema complejo y bien organizado para beneficio personal a expensas de los fondos públicos.