El caso de corrupción denominado Calamar incluye a 34 personas y 13 empresas.Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com
Santo Domingo - 25 de julio del 2024
El abogado penalista Valentín Merano ha criticado duramente el acuerdo realizado por el Ministerio Público en el caso de corrupción conocido como el Caso Calamar, describiéndolo como una “vergüenza” y un “abuso de derecho” y “poder” por parte de las autoridades. Según Merano, el acuerdo con Ramón Emilio Jiménez evidencia una posible inversión de roles en el proceso judicial, sugiriendo que existen personas imputables que son tratadas como favoritas del Ministerio Público.
El Caso Calamar involucra a 34 personas y 13 empresas, incluyendo a figuras destacadas como los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo. Merano argumenta que el acuerdo con Jiménez es problemático porque este no fue imputado formalmente antes del acuerdo, lo que va en contra de lo que establece la ley.
“El asunto no es lo que yo piense, sino lo que dice la norma,” afirmó Merano. Según él, la ley permite llegar a acuerdos con imputados que hayan cometido delitos, pero este no es el caso, ya que Jiménez no fue formalmente imputado. Merano cuestiona la legalidad del acuerdo, señalando que no se cumplen los supuestos legales que permitirían tales acuerdos.
Además, el abogado subrayó que, según la normativa, los acuerdos deben ser hechos con personas que tengan una participación mínima o accesoria en el delito, no con los autores materiales o las personas con mayor nivel de responsabilidad. “Estamos hablando de que tú llegaste a acuerdo con un imputado sin imputar nunca, sin someterlo en el supuesto de que ha ajustado su conducta a una norma proscriptiva,” dijo Merano.
El abogado también destacó que el acuerdo parece haber sido hecho al revés: en lugar de llegar a acuerdos con los cómplices para llegar a los principales responsables, se habría hecho un acuerdo con un autor material para llegar a los cómplices, lo que según él, es un uso indebido de la ley.
Este caso ha generado una gran controversia y ha puesto en cuestión la imparcialidad y la justicia en la gestión de los casos de corrupción en el país.