El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo posa para una fotografía en el Palacio Nacional en la Ciudad de Guatemala, el 20 de junio de 2024.Ciudad de Guatemala, Guatemala - 02 de agosto de 2024 -
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha solicitado por segunda vez el retiro de la inmunidad a la fiscal general, Consuelo Porras, acusada por Estados Unidos de socavar la democracia en el país. Arévalo argumenta que Porras debe ser investigada por abuso de poder y violación a la Constitución.
La solicitud del presidente guatemalteco se produce un día después de que la fiscal Porras pidiera a la Corte de Constitucionalidad (CC) la autorización para iniciar acciones penales contra Arévalo, quien también goza de inmunidad por su cargo. Porras ha alegado que el presidente podría tomar medidas en contra del Ministerio Público y destituir a funcionarios cercanos a la fiscalía.
Desde que asumió el poder, Arévalo ha criticado a Porras por no investigar la corrupción del gobierno anterior, que la designó en su cargo. La fiscalía, bajo la dirección de Porras, ha llevado a cabo varias acciones contra miembros del partido Movimiento Semilla, con el cual Arévalo ganó la presidencia, y contra trabajadores electorales, así como ciudadanos involucrados en el proceso electoral.
En una conferencia de prensa, Arévalo declaró: “Este gobierno cumple con liderar la lucha contra la corrupción; ese es el mandato que nos dio el pueblo. Es una batalla que sin duda está aterrando a quienes por años han vivido de la codicia, el soborno y el engaño.”
Porras, por su parte, presentó un recurso de ejecutoria ante la CC, ampliando una solicitud de amparo provisional que le fue otorgado en mayo para proteger su gestión. La fiscal acusa a Arévalo de promover la violencia contra ella y los funcionarios del Ministerio Público, aunque no se han reportado incidentes de este tipo.
Arévalo ha solicitado a la CC que revoque el amparo provisional otorgado a Porras y le retire la inmunidad para que pueda ser investigada por abuso de autoridad. Esta solicitud llega tras la crítica de varios sectores sobre la fiscalía, incluida la denuncia de que esta habría secuestrado el padrón electoral con información sensible de casi 10 millones de guatemaltecos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Guatemala la semana pasada y recomendó un examen independiente del Ministerio Público, ofreciendo apoyo técnico ante las denuncias de criminalización.
“Haremos lo que corresponde en el marco de la ley para que efectivamente ella abandone el cargo en la medida en que se ha convertido en un obstáculo a la justicia”, concluyó Arévalo.
Por Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com