El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón Rijo, fueron exonerados de culpa en el caso Odebrecht.La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que recientemente descargó al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón Rijo en el emblemático caso Odebrecht, ha resaltado la imperiosa necesidad de una reforma legal, procesal y técnica en la lucha contra la corrupción en República Dominicana. El fallo ha puesto de manifiesto que la ausencia de pruebas contundentes no solo debilitó este caso, sino también otros como el de los aviones Súper Tucano y el de Los Tres Brazos, que también fueron declarados extinguidos.
El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por Fran Soto, Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez, hizo un llamado al Ministerio Público para que las investigaciones futuras sean exhaustivas y estén bien fundamentadas. Este llamado tiene como objetivo garantizar que los responsables de actos de corrupción sean efectivamente sancionados, evitando que los casos se caigan en los tribunales por falta de pruebas.
La Importancia del Debido Proceso y la Evidencia Sólida
El fallo subraya la necesidad de que las acusaciones penales se basen en pruebas concretas que demuestren la culpabilidad más allá de toda duda razonable, un principio fundamental para garantizar la justicia y proteger los derechos de los acusados. La Sala también señaló que la interpretación errónea de las pruebas por parte de los tribunales inferiores fue un factor determinante en la toma de decisiones judiciales previas, lo que hizo necesaria una revisión y corrección.
En su sentencia, la Segunda Sala enfatizó que "la falta de pruebas suficientes en este caso resalta la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas y probatorias de las instituciones encargadas de combatir la corrupción". Esto es crucial para evitar que se repitan situaciones en las que, debido a la falta de evidencia, se deban absolver a los acusados.
Limitaciones Legales y Casos Extinguidos
El caso Súper Tucano fue declarado en extinción de la acción penal.Este problema también fue evidente en el caso Súper Tucano, donde el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal en septiembre de 2023. Los jueces acogieron un pedimento presentado por la defensa del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, y ordenaron el cese de las medidas de coerción contra él y otros implicados.
De manera similar, en abril de 2023, el mismo tribunal declaró la extinción de la acción penal contra el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar, y otros acusados en la venta irregular de terrenos en el sector Los Tres Brazos. Este caso también se extinguió por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.
Miriam Germán: Un Llamado Anticipado a la Vigilancia
El reciente fallo de la Segunda Sala coincide con el voto disidente de la entonces jueza de la Suprema Corte y actual procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien en 2019 advirtió que si durante la investigación del caso Odebrecht no se subsanaban las debilidades probatorias, el proceso "no auguraba un futuro esperanzador". Germán Brito había señalado que muchas de las pruebas presentadas por el Ministerio Público se basaban en delaciones premiadas desde Brasil, las cuales no contenían afirmaciones precisas sobre las actividades de los imputados.
En resumen, la decisión de la Segunda Sala Penal en el caso Odebrecht ha dejado un claro mensaje sobre la importancia de realizar investigaciones minuciosas y bien fundamentadas en la lucha contra la corrupción. Este caso no solo ha puesto en evidencia las deficiencias en el sistema judicial, sino que también ha resaltado la necesidad urgente de reformas que fortalezcan la capacidad del Ministerio Público para llevar ante la justicia a los responsables de actos de corrupción en el país.