Reunión del gabinete del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el Consejo de Defensa Nacional y el Consejo de Estado en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas, ayer.El presidente venezolano Nicolás Maduro demandó el lunes a los poderes del Estado actuar con "mano de hierro" en respuesta a los supuestos crímenes de odio que surgieron durante las protestas contra su cuestionada reelección. Las manifestaciones, que estallaron tras la proclamación de Maduro con el 52% de los votos para un tercer mandato de seis años, han dejado un saldo oficial de 25 muertos y 192 heridos.
Maduro, quien se enfrenta a acusaciones de fraude por parte de la oposición liderada por María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia, instó a una respuesta firme ante lo que considera una "incitación a un golpe de Estado" y una "guerra civil". En una reunión con autoridades, Maduro exigió mayor celeridad y eficiencia en la aplicación de la justicia. "Exijo mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio. Hacer valer los principios constitucionales", declaró.
Durante su intervención, Maduro cuestionó a los líderes opositores: “¿Dónde están los autores intelectuales de esta violencia? ¿Dónde está Edmundo González Urrutia? ¿Dónde está la señora Machado, que manda a matar?”. González Urrutia ha estado fuera del ojo público desde hace casi dos semanas, mientras que Machado se mantiene en la clandestinidad, temiendo por su vida tras la represión a activistas y ciudadanos.
Las protestas comenzaron tras la denuncia de fraude electoral por parte de la oposición, que asegura tener evidencia de irregularidades. El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de estar alineado con el chavismo, aún no ha publicado un escrutinio detallado de la elección, alegando problemas con el sistema de votación.
Mientras tanto, la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, países de América Latina y la Unión Europea (UE), ha exigido la publicación de las actas electorales. La oposición y Estados Unidos han aceptado la mediación de los gobiernos izquierdistas de Brasil, Colombia y México para resolver la crisis. Washington negó las especulaciones de que le haya ofrecido una amnistía a Maduro.
El fiscal general, Tarek William Saab, reportó que las muertes en las protestas incluyen a dos militares y atribuyó la violencia a la "extrema derecha". Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en el número de fallecidos y denuncian una "escalada represiva".
Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pidió una investigación exhaustiva de las muertes y el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Valiñas destacó que, de confirmarse el uso abusivo de la fuerza, los responsables deben rendir cuentas.
En respuesta a las críticas, el gobierno venezolano ha desestimado la Misión Internacional y acusado a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de tener un "doble rasero". La CPI, que investiga a Venezuela por violaciones a derechos humanos, anunció que sigue de cerca los recientes acontecimientos.
Además, Maduro ha acusado a la red social X y su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y al fascismo, y ha suspendido su uso por 10 días. El gobierno también está impulsando una serie de leyes, incluyendo una regulación de las redes sociales y una ley para castigar el "fascismo", término que utiliza para referirse a sus detractores.
La situación en Venezuela sigue siendo tensa, con un ambiente político polarizado y una creciente preocupación por la represión y la violación de derechos humanos.
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