Prisión preventiva a 350 acusados de posesión de drogas entre 2018 y 2022

 

Se ha implementado un programa para casos de delitos simples, como el de simple posesión de drogas.

Por Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com

13 de agosto de 2024 | Santo Domingo, RD

La jueza María Garabito Ramírez, de la Suprema Corte de Justicia, informó que entre 2018 y 2022, al menos 350 personas fueron sometidas a prisión preventiva por cargos de simple posesión de drogas. Este dato fue revelado durante la presentación del Informe de las Condiciones de Detención y Prisión 2023, elaborado por la Oficina Nacional de Defensa Pública.

Garabito Ramírez destacó que se está desarrollando una guía general de sentencias para los casos relacionados con drogas. Esta guía tiene como objetivo unificar los criterios en la aplicación de las penas y servir como un mecanismo para descongestionar los tribunales. Según la jueza, la implementación de esta guía ayudará a hacer las sentencias más justas y predecibles.

Durante el evento, Garabito Ramírez explicó que el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha lanzado un programa dirigido a los delitos simples, como la posesión de drogas, en casos donde los acusados presentan dependencia a sustancias y requieren intervención médica y apoyo de un equipo multidisciplinario bajo supervisión judicial.

El programa se basa en un esquema alternativo a lo largo del proceso penal, lo que permitirá agilizar y, en algunos casos, reducir o eliminar ciertos pasos del proceso, como el juicio abreviado y métodos no adversariales de resolución de conflictos. Esta iniciativa ha sido aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Garabito Ramírez también abordó el problema de las notificaciones de audiencias, que anteriormente eran un desafío significativo. Informó que se está trabajando para que el 50% de las notificaciones se realicen de manera digital, con el objetivo de reducir en un 70% los aplazamientos causados por irregularidades en las notificaciones.

Este enfoque busca mejorar la eficiencia del sistema judicial y asegurar que los casos se manejen de manera más efectiva, contribuyendo a una administración de justicia más ágil y equitativa.

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