| Este jueves, familiares de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, desaparecidos y presuntamente masacrados en 2014, saldrán a las calles para exigir "la verdad" en el décimo aniversario de esta tragedia que conmocionó a la nación.
El caso ha llegado a simbolizar las desapariciones forzadas en México, donde se contabilizan más de 100,000 víctimas. "Una década después, aún estamos lejos de conocer la verdad y el paradero de los estudiantes", afirmó Vidulfo Rosales, abogado de las familias.
Se espera que miles de personas, incluyendo familiares, estudiantes y otros manifestantes, marchen por la Ciudad de México, clamando "¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!". Este evento se lleva a cabo justo días antes de que Claudia Sheinbaum asuma como la primera mujer presidenta de México el 1 de octubre.
Hasta ahora, solo se han encontrado e identificado los restos de tres de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Las familias han criticado al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, por no haber localizado a los demás. "Creemos que este presidente nos mintió. Este presidente nos engañó", dijo María Elena Guerrero, madre de una de las víctimas.
Hilda Hernández, cuyo hijo también desapareció, señaló que las autoridades están "tratando de desgastar a los padres" y que a pesar de los intentos de dividir y desacreditar, "sin descanso ni tregua, los padres siguen exigiendo verdad, justicia y rendición de cuentas".
En defensa de su gestión, López Obrador envió una carta a las familias, destacando el procesamiento de 151 personas, incluidos 16 militares, y el encarcelamiento de 120 individuos, así como las búsquedas realizadas en cientos de lugares. "No existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes", aseguró en una conferencia de prensa.
Los estudiantes del colegio Ayotzinapa, conocidos por su activismo político, desaparecieron mientras se dirigían a una manifestación en la Ciudad de México para conmemorar la masacre de varios estudiantes en 1968. Las investigaciones indican que fueron secuestrados por un cártel de drogas con la ayuda de la policía local, aunque el destino final de los jóvenes sigue siendo un misterio.
La "verdad histórica", una versión oficial del caso presentada en 2015 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue ampliamente desacreditada. En 2022, una comisión de la verdad, creada por el gobierno de López Obrador, declaró el caso como un "crimen de Estado" y apuntó a la complicidad del Ejército, que supuestamente tenía información sobre el secuestro en tiempo real.
Los manifestantes han expresado su frustración y enojo, lanzando petardos frente al Senado. "Para muchos de nosotros, estos 10 años representan impunidad, injusticia y falta de compromiso", expresó Melitón Ortega, tío de uno de los desaparecidos.
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