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Entre el 28 y el 30 de agosto, el Distrito Nacional vivió días caóticos debido a fallos en la red de semáforos en sus principales avenidas. Este problema intensificó el tráfico en la capital, agravando aún más una situación ya complicada. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), dirigido por Milton Morrison, atribuyó esta crisis a la empresa Transcore Latam, que está bajo una exhaustiva inspección por parte de la Contraloría General de la República.
Este conflicto es el último episodio de una serie de controversias que comenzaron cuando, el 30 de octubre del 2023, la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió un contrato con Transcore Latam. Este contrato, destinado a modernizar la red semafórica del Gran Santo Domingo, estaba valorado en RD$1,317 millones 350 mil 997, un aumento considerable respecto a la oferta inicial de RD$1,200 millones.
Las acusaciones contra Transcore Latam incluyen irregularidades en la documentación presentada, que estaba en inglés sin la debida traducción, y la aparente falsificación de su experiencia en el área, afirmando tener 19 años de experiencia cuando la empresa fue constituida en 2022. Pese a estos problemas, el entonces director del Intrant, Hugo Beras, defendió la transparencia del proceso de licitación, aunque solicitó una licencia sin disfrute de sueldo poco después, debido a la presión mediática.
La situación se deterioró aún más cuando, el 27 de agosto del 2024, técnicos del Intrant detectaron que Transcore Latam estaba reemplazando dispositivos y reguladores semafóricos sin autorización. Ante la notificación del Intrant, la empresa decidió cesar sus servicios de manera unilateral, lo que llevó al caos vial en los días siguientes, afectando hasta 55 intersecciones críticas en el Distrito Nacional.
En respuesta, el Intrant intervino directamente los semáforos el 29 de agosto, tomando control de 6 nodos de comunicación y militarizando la operación para asegurar el sistema. Esta intervención evitó un colapso mayor, pero dejó en evidencia la fragilidad de la infraestructura semafórica y la necesidad de un control centralizado bajo la administración directa del Estado dominicano.
Como resultado, el Intrant ha rescindido el contrato con Transcore Latam y ha solicitado una investigación al Ministerio Público para determinar las responsabilidades pertinentes.
Este conflicto no solo ha agravado la situación del tránsito en Santo Domingo, sino que también ha expuesto las debilidades en la gestión de servicios esenciales, poniendo en riesgo la movilidad de millones de ciudadanos.
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