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La investigación reveló que ni Brinkmeyer ni Michael Mauritz, representante de TransCore LP en EE. UU., tenían conexión alguna con la entidad creada por Gómez Canaán. Un mes después del registro, Pedro Vinicio Padovani Báez, entonces encargado del Centro de Control de Semáforos del Intrant, renunció a su cargo para unirse a Jochi. Esta renuncia coincidió con la designación de Hugo Beras como nuevo director del Intrant en agosto de 2022.
La llegada de Hugo Beras al Intrant significó la suspensión temporal del proyecto de Transcore, aparentemente para involucrar a las nuevas autoridades en el esquema fraudulento. Posteriormente, Beras designó a Frank Rafael Atilano Díaz Warden como coordinador del comité de compras, quien se encargó de elaborar el presupuesto anual de compras para 2023 sin asignar fondos a proyectos de gran envergadura. Sin embargo, en enero de 2023, el presupuesto para la modernización del sistema de semáforos se incrementó de RD$ 104 millones a RD$ 1,200 millones, sin justificación aparente, lo que representa un aumento del 1,053%. Esta decisión fue aprobada por Beras y su equipo, y los requisitos de licitación se adaptaron para favorecer a Transcore Latam S.R.L.
Durante la investigación, se descubrieron numerosas irregularidades, incluyendo la falta de documentación técnica y financiera para justificar los costos y la modificación de los pliegos de condiciones para beneficiar a Transcore. Además, José Ángel Gómez falsificó documentos para cambiar la composición accionaria de la empresa, asignando 900 cuotas sociales a nombre de Padovani Báez. También inscribió a Transcore en el registro de proveedores del Estado cuando ya estaba en marcha el proceso de licitación, lo cual constituye una violación a los procedimientos.
En abril de 2023, Gómez Canaán y Padovani Báez firmaron un acta para otorgar a este último la representación en la licitación del proyecto de modernización de semáforos. Durante la apertura de propuestas, se evidenciaron aún más irregularidades: el evento fue trasladado a un lugar privado, limitando así su publicidad y favoreciendo la participación de solo dos oferentes. Uno de ellos, el Consorcio de Seguridad Sostenible, estaba vinculado a colaboradores cercanos a Transcore Latam, evidenciando un conflicto de interés.
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