
Un juez federal ha ordenado a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que suspenda temporalmente el congelamiento de fondos destinados a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), medida que ha paralizado la ayuda humanitaria y el trabajo de desarrollo en todo el mundo. El gobierno tiene un plazo de cinco días para demostrar que está cumpliendo con la orden judicial.
La decisión, emitida la tarde del jueves por el juez Amir H. Ali, destaca la devastación financiera causada por la suspensión abrupta de los pagos, lo que ha afectado gravemente a organizaciones sin fines de lucro y proveedores que dependen de estos fondos para brindar asistencia internacional. Esta es la primera resolución que desafía la política de congelamiento de fondos de la administración republicana, en medio de una creciente ola de demandas interpuestas por grupos de empleados gubernamentales, organizaciones de ayuda y contratistas del gobierno.
Tanto Trump como su asistente, Elon Musk, han defendido la suspensión de los fondos, argumentando que USAID, con más de seis décadas de existencia, y gran parte de la asistencia exterior estadounidense no están alineadas con la agenda de su administración.
El juez Ali criticó duramente la falta de justificación del gobierno para la suspensión total de la ayuda exterior asignada por el Congreso, señalando que la medida ha generado un impacto masivo en miles de organizaciones, empresas y entidades que trabajan en programas de asistencia. Según el fallo, la administración Trump no logró demostrar un "motivo racional" para esta acción, que ha dejado a muchos organismos al borde del colapso financiero.
Efectos del congelamiento de fondos
Agricultores, contratistas y proveedores tanto en Estados Unidos como a nivel mundial han reportado pérdidas millonarias debido a la falta de pagos por trabajos ya realizados. También han advertido que grandes cantidades de ayuda alimentaria permanecen sin entregar y corren el riesgo de pudrirse en puertos, mientras que otros insumos de asistencia podrían ser objeto de robo.
El fallo también obliga al gobierno a notificar de inmediato la suspensión del congelamiento a todas las organizaciones que tienen contratos de ayuda exterior con el gobierno federal. Se ha establecido el próximo martes como fecha límite para que la administración de Trump demuestre que ha cumplido con la orden judicial.
Demandas y controversia legal
La orden judicial responde a una demanda presentada por la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA y el Consejo de Salud Global, entidades que representan a organizaciones de salud que dependen de los fondos de USAID para sus labores humanitarias. En su defensa, la administración Trump argumentó que la cancelación de los programas de ayuda era necesaria para una revisión exhaustiva, con el fin de determinar cuáles debían ser eliminados. Sin embargo, el juez Ali rechazó este argumento, señalando que no se presentó ninguna justificación válida para la acción del gobierno.
El fallo también prohíbe al secretario de Estado, Marco Rubio, y a otros funcionarios gubernamentales, hacer cumplir las órdenes de suspensión de trabajo que el gobierno ha enviado a las organizaciones que implementan los programas de ayuda exterior.
Críticas a la administración Trump
El juez también desestimó la afirmación del gobierno de que había mecanismos de exención para mitigar el impacto del congelamiento, indicando que tales mecanismos no están en funcionamiento y que el sistema de pagos en línea de USAID ha dejado de operar.
En otro fallo emitido el mismo día, el juez federal Carl Nichols mantuvo su bloqueo temporal a una orden de la administración Trump que habría supuesto el despido masivo de empleados de USAID en todo el mundo. Nichols cuestionó la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad de estos trabajadores en el extranjero, especialmente en países con crisis políticas y sociales. Un testimonio en la demanda señaló que empleados de USAID en la República Democrática del Congo fueron abandonados sin respaldo oficial en medio de saqueos y violencia política el mes pasado, viéndose obligados a evacuar por sus propios medios.
Hasta el momento, la administración Trump no ha emitido una respuesta oficial sobre el fallo judicial.
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