Por Alfonso Alvarez
La República Dominicana ha rechazado las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la apatridia en el país. La CIDH había instado al Estado dominicano a erradicar la apatridia, recordando que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 resultó en la privación arbitraria de nacionalidad dominicana a un número considerable de personas y dejó apátridas a quienes no eran considerados nacionales de ningún otro Estado.
El Gobierno dominicano argumenta que la CIDH no presentó objetivamente la situación de la nacionalidad en el país y que no consideró el contexto histórico y legal, ni los esfuerzos realizados por el gobierno para cumplir con la Ley 169-14, que busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
Según el Gobierno, la Ley 169-14 sobre Naturalización ha restituido el estatus jurídico anterior a 60,773 personas afectadas por la sentencia TC/0168/13 y se les han expedido documentos como dominicanos. Sin embargo, señalan que solo 26,123 de estas personas han acudido a retirar sus documentos, mientras que el resto no lo ha hecho, presumiblemente debido a diversas razones como fallecimiento, emigración o falta de respuesta al llamado del Gobierno.
El Gobierno dominicano enfatiza su compromiso con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad y no discriminación, así como el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana. También destaca que se han realizado esfuerzos para garantizar el acceso universal a la salud y la educación de todos los habitantes en el territorio dominicano y que no existen políticas discriminatorias en el mercado laboral.
El comunicado del Gobierno de la República Dominicana reitera su compromiso con el diálogo y la cooperación con la CIDH para abordar los desafíos relacionados con la nacionalidad en el país. La sentencia TC/0168/13 y la Ley 169-14 sobre Naturalización han sido temas de debate tanto a nivel nacional como internacional debido a su impacto en las personas nacidas en la República Dominicana de padres extranjeros en situación migratoria irregular.