Ricardo Martinelli fue condenado en julio pasado a 128 meses de prisión y a pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales.
Por Alfonso Alvarez, www.laspalomastv.com
03 de febrero del 2024.
La Corte Suprema de Panamá rechazó el último recurso presentado por el expresidente Ricardo Martinelli para anular su condena de casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales. La condena le impediría postularse en las elecciones de mayo, ya que el artículo 180 de la Constitución panameña establece que no puede ser elegido presidente quien haya sido condenado por delito doloso a una pena de cinco años de prisión (60 meses) o más.
Martinelli, de 71 años, gobernó entre 2009 y 2014 y aspira a regresar al poder. Fue condenado en julio pasado a 128 meses de prisión y a pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales. A pesar de sus problemas judiciales, Martinelli era uno de los candidatos favoritos para las elecciones de mayo, según encuestas.
El expresidente reaccionó convocando a un mitin electoral para este sábado en una plaza de la capital. Martinelli es líder del partido Realizando Metas y su candidato a vicepresidente es su exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino.
Martinelli fue juzgado por comprar, mientras era presidente en 2010, la mayoría de las acciones de Editora Panamá América con dinero proveniente del cobro de comisiones en obras de infraestructura. Este caso, conocido como "New Business", le valió la condena de 128 meses de prisión. También enfrentará otro juicio en julio por el supuesto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
La decisión final sobre la candidatura debe ser anunciada por el Tribunal Electoral panameño. Dos hijos de Martinelli cumplieron dos años y medio de prisión en Estados Unidos por el cobro de comisiones a Odebrecht y volvieron a Panamá, donde fueron juramentados como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano en agosto pasado, a pesar de tener juicios pendientes en su país. Washington también prohibió la entrada a Estados Unidos del expresidente y su familia directa por actos de "corrupción significativa".