67% de reclusos sufre condiciones "indignados

 


Según la Oficina Nacional de Defensa Pública, “el hacinamiento continúa siendo un hallazgo importante durante los levantamientos a los distintos centros de privación de libertad del país”.

Santo Domingo, RD - 13 de agosto de 2024

Por: Alfonso Álvarez, www.laspalomastv.com

La tasa de hacinamiento en las cárceles del país alcanzó un alarmante 67,5% en 2023, según el "Informe de las Condiciones de Detención y de Prisión" publicado por la Oficina Nacional de Defensa Pública. Con una población carcelaria de 26,207 reclusos, las prisiones dominicanas sobrepasan en gran medida su capacidad máxima de 15,643 internos, lo que resulta en un excedente de 10,564 presidiarios.

Uno de los casos más críticos es la cárcel de La Victoria, que alberga a 7.093 personas, a pesar de estar diseñada para solo 2.000. De estos internos, 3,392 se encuentran en prisión preventiva, mientras que 3,701 han sido condenados. La situación de hacinamiento en La Victoria la convierte en la prisión con la mayor población penitenciaria del país.

Cond

El informe detalla las condiciones extremadamente precarias en las que viven los reclusos. Los espacios que alojan a hombres y mujeres son pequeños, oscuros y sin ventilación, lo que convierte la estadía en estas celdas en una experiencia inhumana. En la cárcel de Pedernales, por ejemplo, 74 personas cohabitan en una sola celda

El hacinamiento se extiende a otras prisiones como Cotuí, Nagua, Monte Cristi, y los centros de Azua, donde los internos duermen en el piso sin colchones, improvisando refugios.

Entre los reclusos extranjeros, los haitianos, venezolanos y colombianos son las nacionalidades más representadas, con 1,410, 110 y 88 internos, respectivamente. Otras nacionalidades incluyen estadounidenses, neerlandeses, italianos, peruanos, españoles, puertorriqueños, entre otros.

Llamado a las autoridades

La Oficina Nacional de Defensa Pública, dirigida por Rodolfo Valentín Santos, ha hecho un llamado urgente a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, al poder judicial, y a otras entidades gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos humanos de los reclusos, mejorar las condiciones de vida en las prisiones, y fomentar un entorno que promueva la rehabilitación y reinserción para que


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