Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo.Ulloa aseguró que la prioridad de su oficina es el bienestar del pueblo dominicano, actuando siempre bajo el respeto a la Constitución y las instituciones del país. Reiteró que el compromiso con los derechos fundamentales es innegociable y que las observaciones de AI no capturan adecuadamente el progreso realizado por la nación.
El Defensor del Pueblo destacó que República Dominicana ha mostrado su capacidad para enfrentar desafíos y avanzar hacia una sociedad más justa, y subrayó que el país continuará defendiendo su soberanía y políticas nacionales sin aceptar presiones externas.
Estas declaraciones surgieron en respuesta a un comunicado de Amnistía Internacional que instó a las instituciones dominicanas a erradicar el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación hacia los migrantes haitianos y las personas de ascendencia haitiana. AI también llamó a establecer políticas migratorias que respeten la dignidad y los derechos humanos de todas las personas.
Desde 2022, República Dominicana ha sido criticada por su alto número de deportaciones de haitianos, con 208,166 deportaciones registradas en 2023, incluyendo más de 20,000 menores, y 98,594 en lo que va del año 2024. Estas cifras han generado preocupaciones internacionales sobre la situación de los migrantes haitianos en el país.
La vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, también defendió las políticas migratorias del país, afirmando que estas no afectan negativamente a los inmigrantes y reiterando la importancia de respetar la soberanía nacional.
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